Según un informe de Moritz Tenthoff del TRANSNATIONAL INSTITUTE De Wittenstraat 25 1052 AK Amsterdam – Netherlands Tel.: + 31 20 662 66 08 Fax: + 31 20 675 71 76 E-mail: drugs@tni.org, titulado: El Urabá: donde el Desarrollo Alternativo se confunde con intereses económicos y la reinserción del paramilitarismo , el fenómeno de apropiación y concentración de la tierra viene consolidándose desde la época en que nacieron las Convivir, que luego evolucionaron a grupos de extraordinario poder económico, con proyecto político de "extrema derecha". Como dicho fenómeno triunfó en el pais, en lo que todavía no se le ha señalado como la "REVOLUCION DE LA DERECHA" con Mesías Incluido del "OPUS DEI", hoy es seguro que la puesta en escena de la política social del Uribismo a través del programa de Agro Ingreso Seguro, vendida a los medios como de una "fenómeno aislado de corrupción que realizaron a espaldas de un presidente" que desdibujó los objetivos sociales de la política agraria del Estado Social de Derecho desde que era Gobernador de Antioquia. Hoy queda en evidencia de que AIS es un política coherente con el ideario de derechas de la Obra de Dios hecha por un hombre iluminado, que soñó en la Gran Hacienda que debe ser Colombia:
El siguiente documento analiza cómo el Programa de Familias Guardabosques y los Proyectos Productivos del Programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos en Colombia han sido instrumentalizados para la legalización de estructuras paramilitares y la implementación de megaproyectos agroindustriales en la región del Urabá*
La región del Urabá se encuentra en el noroeste de Colombia, en la zona fronteriza con Panamá y está constituida por diecisiete municipios de los departamentos de Chocó y Antioquia. El Urabá antioqueño se extiende hasta la frontera con Panamá, incluyendo el Golfo de Urabá, donde desemboca el río Atrato. De esta región hacen parte los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Murindó y Vigía del Fuerte. El Urabá chocoano está constituido por la zona conocida como el Bajo Atrato, del que forman parte los municipios de Riosucio, Unguía, Acandí, Carmen del Darién y hasta 2007 Belén de Bajirá, que forma parte desde entonces del Urabá Antioqueño.
La gran biodiversidad, las tierras fértiles, los minerales, el petróleo, el agua y la madera son sólo algunos de los recursos que se pueden encontrar en la zona. A la vez, el Urabá constituye el puente entre América del Sur y América Central y tiene acceso al océano Pacífico y al mar Caribe, por lo que ofrece oportunidades económicas y estratégicas militares sin precedentes. En el
El Urabá: donde el Desarrollo Alternativo se confunde con intereses económicos y la reinserción del paramilitarismo
Por Moritz Tenthoff
TNI Informe sobre políticas de drogas No 27
Septiembre de 2008
RECOMENDACIONES
• Mientras no haya un estricto monitoreo de los fondos destinados a programas en el marco de la lucha antinarcóticos en el Urabá, los diferentes donantes internacionales deberían imponer una moratoria en la entrega de estos recursos al gobierno colombiano.
• Los donantes y organizaciones internacionales involucradas deberían examinar la práctica de los Programas de la Presidencia contra los Cultivos Ilícitos en el Urabá – Familia Guardabosques, Proyectos Productivos – desde sus orígenes como requisito para continuar la cooperación internacional destinada a éstos. Debería examinarse también la procedencia de la tierra en la que se desarrollan los proyectos y quiénes son los verdaderos beneficiarios de los programas.
• Los campesinos o comunidades vinculadas a estos programas no deberían ser obligados a colaborar con la fuerza pública. Esto no sólo aumenta la situación de riesgo en la que viven esas personas al convertirlas en actores partidarios del conflicto sino que representa una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
• Los Proyectos Productivos que se quieran desarrollar en territorios colectivos de pueblos indígenas y afrocolombianos tienen que ser consultados con éstos tal como lo establece la Ley 70 y el Convenio 169 de la OIT. Cuando existan denuncias sobre vínculos con el paramilitarismo debe frenarse el apoyo internacional hasta que no comiencen a aplicarse mecanismos de control y seguimiento sobre el uso de los recursos.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) de los sucesivos gobiernos de Uribe de 2002 y 2006, el Urabá ha sido una de las zonas prioritarias. Con el objetivo de facilitar la explotación y exportación de los diversos recursos naturales, el PND ha contemplado la ampliación de la infraestructura regional. Esto incluye planes de integración fluvial, como el Plan Arquímedes y el canal interoceánico Atrato-Truandó, un puerto internacional en Turbo, la carretera panamericana y sistemas de interconexión energética. Los procesos relacionados con el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el gobierno colombiano actualmente está negociando con EEUU, los acercamientos al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y las negociaciones en el marco de Comunidad Andina de Naciones (CAN) con la Unión Europea, reconocen el papel estratégico que juega el Urabá para la apertura económica del país. En este contexto, el gobierno colombiano está impulsando un desarrollo agroindustrial y una infraestructura que no se compadece con las características ecosistémicas de la región. La tierra fértil del Urabá, que todavía alberga cientos de miles de hectáreas de selva tropical, se quiere aprovechar para el desarrollo de agroindustrias como la madera tipo teca, el caucho, el cacao, la palma aceitera, el banano y la ganadería extensiva.
Desde los años ochenta, el Urabá es también uno de los principales puertos marítimos del país para la exportación ilegal de estupefacientes y la importación ilegal de armas y precursores químicos. Los dineros del narcotráfico y del contrabando han sido lavados e invertidos en la zona en sectores rentables, como los agroindustriales, la ganadería y el turismo. El Urabá pasó de ser una región marginal y escasamente poblada a un lugar de confluencia de colonos, empresas multinacionales y grupos armados. Las organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda por un lado, y los diversos grupos insurgentes por el otro constituyeron un obstáculo a los intereses económicos del sector ganadero y latifundista, de grupos narcotraficantes, y del propio Estado. La convergencia de intereses entre estos últimos se ha materializado desde los años noventa en la creación y apoyo a grupos paramilitares en la zona.
El Urabá: cuna del proyecto paramilitar agroindustrial
El paramilitarismo en general es un fenómeno de larga data en la historia de Colombia. Un denominador común del paramilitarismo contemporáneo ha sido la colaboración con la fuerza pública, la vinculación a grupos económicos poderosos en las regiones, su discurso contrainsurgente y su violencia contra la población civil.
El Urabá antioqueño es una de las cunas del actual paramilitarismo. En 1996 las llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) bajo el mando de Carlos Castaño y en abierta colaboración con el ejército colombiano1 hicieron su entrada en el Urabá antioqueño, dando inicio a lo que se conoció como la “pacificación” del Urabá. La toma de las cabezas municipales en el norte de Antioquia se logró a costa de decenas de masacres de la población civil y campesina, desplazamientos forzados, y del genocidio político de concejales, alcaldes y miembros de los partidos políticos de la izquierda.
La expansión del proyecto paramilitar tomó un fuerte impulso con la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997. El control paramilitar se extiende desde esa fecha hasta el día de hoy por casi todo el Urabá, sobre todo en las zonas agroindustriales de banano, palma aceitera y madera, y en las zonas turísticas, con alguna presencia de la insurgencia en las partes menos accesibles de montaña y selva.
El poder militar de las AUC en el Urabá ha sido aprovechado por empresas nacionales e internacionales, como Chiquita, Coca-Cola y empresas de madera, palma y ganadería para defender y promover sus intereses económicos en la zona. Varias de estas empresas están enfrentando hoy en día procesos jurídicos de responsabilidad penal por haber tenido nexos con grupos paramilitares2.
En la zona de Tulapa, que forma parte de los municipios de Necoclí y Turbo “...se acredita la ocurrencia inocultable de que existió un grupo de personas que organizó las Autodefensas… y como consecuencia despojaron a los propietarios de las tierras y ganado, a quienes no pertenecían a la organización emergente; y se quedaron los organizadores con las tierras de los desarraigados como trofeos de guerra; [...] quedando establecido entonces, que hubo un grupo de personas que mediante acuerdo previo, organizaron las AUCC, y las AUC, quienes en su afán de riqueza tomaron LA MODALIDAD DELICTUAL DE DESPLAZAMIENTO FORZADO A LA POBLACION, como el principal método de lucha y de acumulación de riqueza; estructurándose el tipo penal que conocemos como CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO; derivado de las muertes incontables, así como de los incontables desplazamientos de población, causadas a su paso; particularmente para los años de 1994 a 1997, en lo que tiene que ver con la región de Tulapa…”3
Uno de los motores del paramilitarismo en el país ha sido el acceso y control de grandes extensiones de tierra. En el conflicto armado de las últimas seis décadas no hay cifras exactas sobre el total de tierra que se ha acumulado a través de la violencia. Pero según la Procuraduría General de la Nación, el robo de tierras desde 1997 por parte de paramilitares asciende al nivel nacional a casi siete millones de hectáreas.4 Para realizar este despojo, solamente en los últimos diez años han sido desplazadas de sus tierras en todo el país cerca de cuatro millones de personas.5 Es difícil hablar sobre cifras exactas de usurpación de tierras en el Urabá. En la zona conocida como Tulapa que abarca 32 veredas de los municipios de Turbo y Necoclí “el total de las tierras robadas es … de 17.000 hectáreas y 2.640 hectáreas … creo que los dueños [de inversiones Tulipa] son los señores SALVATORE MANCUSO Y EL FINADO CARLOS CASTAÑO, el comisionista de esa gente era el señor Guido Vargas”6
El impulso que se ha dado en los últimos diez años al sector agroindustrial, la industria petrolera, la minería y la infraestructura, muestra un vínculo claro entre la violencia paramilitar y el “desarrollo” de la economía nacional. El conflicto social y armado ha ido de la mano de una contrarreforma agraria a nivel nacional, promovida desde el gobierno nacional y empresarios nacionales e internacionales, y ejecutada por grupos paramilitares en colaboración con la fuerza pública.
Hacia la legitimación del paramilitarismo
En 2002, recién instalado el primer gobierno de Álvaro Uribe, varios comandantes de las AUC, entre los cuales Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, declararon públicamente que controlaban un 35 por ciento del Parlamento Nacional, mientras que el control político, social y económico en algunas regiones como la Costa Atlántica y la zona del Urabá, había llegado a ser total. En ese contexto de dominio paramilitar, en diciembre de 2002, las AUC decretaron de forma unilateral un cese de hostilidades, para empezar una negociación sobre su posible desmovilización militar.
El proceso de desmovilización que se gestionó entre el gobierno nacional y las AUC terminó a finales de 2005, cuando el gobierno de Uribe declaró el fin de los grupos paramilitares. Sin embargo, desde el supuesto cese al fuego en 2002 hasta comienzos de 2006 los mismos grupos
paramilitares asesinaron un promedio de 600 personas por año.7 Varias organizaciones colombianas de derechos humanos denunciaron en 2007 la existencia de 87 ‘nuevos’ grupos paramilitares, entre los cuales ‘Águilas Negras’ como se conoce al grupo que opera en el Urabá.8
Al mismo tiempo, el proceso de la integración de las AUC en la sociedad ha ido acompañado de una abierta intensificación de las acciones militares por parte de la fuerza pública. Se han incrementado las detenciones masivas, y según un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas el ejército ha asesinado a más de mil civiles desde 2002.9 La llamada política de “Seguridad Democrática” se ha caracterizado también por la militarización de la sociedad, la persecución y criminalización de organizaciones sociales y la integración de paramilitares en los espacios políticos, sociales y militares del país.
La consolidación política, económica y social de las AUC a través del proceso de desmovilización se evidencia en la propuesta que los paramilitares llevaron a la mesa de negociación en Santa Fe de Ralito el 29 de noviembre de 2002. De acuerdo con algunos analistas, las AUC estaban dispuestas a desarticular (parte) de sus estructuras militares, pero no a entregar su poder económico, social y político adquirido desde 1997.
Las AUC también exigen al Estado la protección de poblaciones, de la infraestructura productiva y de la inversión nacional y extranjera en territorios con influencia paramilitar. Proponen erradicar cultivos ilícitos e iniciar un proceso de renovación económica con la ayuda de la comunidad internacional y los organismos de crédito multilateral.10
Las AUC, que desde 2001 hicieron presencia en la región bajo el nombre del Bloque Elmer Cárdenas (BEC) al mando del alias ‘El Alemán’, han mantenido el control político, económico y militar de la mayor parte del Urabá desde 1996. El BEC fue uno de los pocos bloques que no participó en la mesa de negociación entre las AUC y el gobierno en 2002 e inició una negociación propia con el gobierno colombiano en octubre de 2005. Una de las exigencias al gobierno en las negociaciones era el apoyo a su Proyecto de Alternatividad Social (PASO), desde 2006 llamado Sistema Regional de Construcción de Paz. T
El Proyecto de Alternatividad Social o PASO, es un conjunto de proyectos agrarios de índole asociativo-comunitaria y perfil empresarial, y el Sistema Regional de Construcción de Paz es una estrategia amplia de reintegración social. Son programas realizados y financiados por los mismos excombatientes, (aportarán el 80% del subsidio humanitario que les otorga el gobierno), la presidencia de la República y entidades Cooperantes Internacionales.11
La apertura económica y el desarrollo agroindustrial de la zona que ha promovido abiertamente el BEC antes, durante y después de su desmovilización han sido los mismos que los sucesivos gobiernos han estado buscando en la zona desde principios de la década del noventa. El PASO ha tenido desde el principio un componente importante en la promoción de cultivos de palma de aceite y en el impulso de la agroindustria en la zona. El objetivo de esta propuesta es cambiar el enfoque del BEC de un control militar a un control social, político y económico que cuente con el apoyo institucional del gobierno colombiano, de empresarios y de la cooperación internacional. Mientras tanto, se mantiene el brazo armado del paramilitarismo en el Urabá, ahora ya no bajo el nombre del BEC, sino de las ‘Águilas Negras’ al mando del hermano de ‘El
Alemán’ (Daniel Rendón) tal como lo han denunciado las comunidades y organizaciones de derechos humanos de la zona. Es ilustrativa la estrecha colaboración de este grupo con algunos altos funcionarios del gobierno, como lo han revelado recientemente informes de prensa. La revista ‘Cambio’ del 22 de agosto de 2008 tuvo acceso a más de 120 conversaciones telefónicas que vinculan de forma directa a Daniel Rendón con el fiscal general de Antioquia, el comandante de la policía metropolitana de Medellín y la directora seccional de la fiscalía de Córdoba.12 Los mencionados funcionarios se encuentran en estos momentos bajo investigación.
La integración de los paramilitares en la sociedad no sólo ha contado con grandes aportes económicos por parte del gobierno, empresarios y de la cooperación internacional, sino también con cambios constitucionales y nuevos decretos favorables. Entre los más importantes, el Estatuto de Desarrollo Rural que ajusta la legislación agraria y la configuración territorial del país al propuesto TLC con EEUU, y a la Ley 975 de Justicia y Paz.
El Estatuto de Desarrollo Rural de 2006 ha creado un marco jurídico con el cual se ha podido legalizar el despojo de millones de hectáreas por parte de grupos paramilitares en todo el país. Dentro del Estatuto existe la posibilidad de darle validez a títulos privados –los realizados entre dos personas en una notaría- celebrados con una anterioridad de diez años. Sin necesidad de poseer la tierra, un paramilitar que hubiera hecho una compraventa de un bien en 1997, en 2007 la ley le reconoce validez a su título. En la práctica esto significa que las tierras robadas hasta 1998 pueden pasar de forma legal a los paramilitares.
La Ley de Justicia y Paz de 2005, que diversas organizaciones de derechos humanos han calificado como una ley de impunidad y olvido, ha regulado el proceso de integración de las AUC y no ha exigido a los paramilitares que informen sobre sus bienes, ni los ha obligado a entregarlos.13 Además ha dado protección a familiares y amigos que figuraban como testaferros de los predios robados, al concederles inmunidad jurídica.14
A mediados de 2007 había más de 30.000 desmovilizados de las AUC a nivel nacional, un 30 por ciento de ellos ubicados en el departamento de Antioquia. En el Urabá se legalizaron entre 2004 y 2006 alrededor de 2.500 desmovilizados de las AUC, a la vez que entraron en la región cientos de paramilitares provenientes de otras partes del país. Una parte de ellos siguió armada, otros continuaron ejerciendo un control directo sobre el narcotráfico, y muchos otros se pusieron a trabajar en proyectos productivos que se han estado desarrollando en el marco de diferentes programas, entre ellos en los programas de desarrollo alternativo de la lucha contra los estupefacientes.
El Urabá, zona de narcotráfico pero no de cultivos de uso ilícito
Más que una zona de producción de cultivos ilícitos, el Urabá ha sido desde los años setenta un corredor para el tráfico de estupefacientes. El golfo de Urabá y los puertos de Turbo, Necoclí y Arboletes han figurado desde entonces entre las principales salidas de cocaína de Colombia. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas (SIMCI-ONU) los cultivos de coca han desaparecido casi en su totalidad del Urabá desde 2005.
El control sobre la producción, procesamiento y transporte ilegales de los estupefacientes en la zona del Urabá ha estado en los últimos diez años casi en su totalidad en las manos de las AUC. El BEC administraba en 2003 casi unas 700 hectáreas de cultivos de coca en su zona de influencia, específicamente en los municipios de Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, y en Tierralta (Córdoba). Además controlaba los corredores de salida de la cocaína al mar15. Después de la desmovilización del BEC en 2006, Daniel Rendón el hermano de “El Alemán”, sigue manteniendo el control sobre las rutas, extendiendo su dominio territorial e incorporando las antiguas estructuras de la llamada Oficina de Envigado16, que opera actualmente bajo el nombre de ‘Los Paisas’.
Si miramos los censos de coca desde 2000, es destacable que en comparación con los registros nacionales y departamentales, el Urabá no se podría considerar como una zona importante de producción. En 2001 se produjo un auge pero el registro llega apenas a 395 hectáreas, un 0,27% de la producción nacional que alcanzó ese año 144.807 hectáreas.17 Si les creemos a estas estadísticas, en 2002 no se plantó ni un solo arbusto de coca en la zona, reapareciendo en 2003 con un total de 238 hectáreas, gracias sobre todo a la producción en los municipios de Necoclí y Turbo.
El incremento en la producción de coca en 2003 con respecto a 2002 parece haber sido una estrategia directa de las AUC para tener acceso a los fondos de la cooperación internacional en materia de la lucha antidroga. Esta hipótesis se sostiene en tres puntos: Departamento Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Carepa 2 Dabeiba 14 40 Mutata 1 8 1 Necocli 78 1 San Pedro de Uraba 9 Turbo 151 21 Vigia del Fuerte 3 Choco Riosucio 354 Cordoba Tierralta 13 322 178 399 669 1124 389 414 27 676 178 637 704 1125 389 414 Antioquia Total
- El incremento de cultivos ilícitos en 2003 se da en los municipios de Necoclí y Turbo que en ese momento estaban bajo el control total de las AUC.
- A finales del mismo año empezaron a llegar a los dos municipios los fondos del Programa de Familias Guardabosques.
- Los acuerdos entre las AUC y el gobierno durante las conversaciones en Santa Fe de Ralito buscaban la legalización del proyecto paramilitar y una financiación para consolidar y fortalecer los proyectos productivos promovidos por el gobierno y las AUC en la región.
Aunque de acuerdo con las cifras oficiales los cultivos de coca parecen haber desaparecido prácticamente del Urabá entre 2004 y 2007, la dirección de antinarcóticos notifica, no obstante, la erradicación en la región de casi 450 hectáreas de cultivos desde 2005 hasta abril de 2008.18 Es notorio también el incremento en cultivos ilícitos de coca en el municipio de Tierralta (Córdoba). Entre 2002 y 2005 el área cultivada con coca se habría incrementado allí de 178 a 1.124 (Cifras de cultivos en zonas de influencia del BEC en el Urabá y Córdoba) - - Fuente SIMCI-ONU hectáreas, lo que permitiría deducir que a pesar de cuatro años de aplicación de los programas presidenciales contra los cultivos ilícitos (PCI) los cultivos no disminuyeron, sólo se trasladaron a una zona vecina. La erradicación manual que se realizó, según datos de la Policía antinarcóticos, en el municipio de Tierralta entre 2006 y 2007 habría propiciado una reaparición de los cultivos en el Urabá.19 Después de un período de relativa calma en el Urabá, en que el BEC había logrado conseguir el acceso a los fondos de los programas antidroga y consolidar su poder económico y político en la zona, los miembros reintegrados habrían vuelto a sus antiguas labores relacionadas con el narcotráfico y prácticas violentas incluyendo la desaparición forzosa y el asesinato selectivo.
Las estrategias antinarcóticos en el Urabá: un cóctel de erradicación y desarrollo
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional es la entidad que canaliza los recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la República, entre otros el Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI). El PCI gestiona tres programas que nacen con el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3218 de marzo de 2003 y que “...contribuye a consolidar el objetivo de Seguridad Democrática del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.20 En otras palabras a consolidar en los espacios sociales los logros militares de la política de Seguridad Democrática.
TLos tres programas que coordina el PCI -Familias Guardabosques; Proyectos Productivos; y Grupos Móviles de Erradicación Manual (GME)- tienen como objetivos principales la erradicación manual de cultivos ilícitos y el desarrollo alternativo. Los GME practican la erradicación forzada en zonas en donde es difícil implementar proyectos de desarrollo alternativo. Los Proyectos Productivos impulsan proyectos agroindustriales que según el gobierno constituyen una fuente económica sustentable y alternativa. El Programa Familias Guardabosques ofrece una síntesis de los dos anteriores programas, combinando la erradicación manual con la implementación de proyectos productivos. Familias Guardabosques y Proyectos Productivos son presentados por el gobierno como parte de una estrategia de erradicación voluntaria en contraste con los GME que promueven abiertamente la erradicación forzada.
Los procesos de erradicación de cultivos ilícitos en el Urabá no han incluido aspersiones áreas y se han reducido a la erradicación manual, que empezó, según datos de la Dirección de Estupefacientes, en 2004. El trabajo de los GME junto con l a erradicación aérea ha constituido la parte del ‘garrote’ en la lucha contra los estupefacientes. Los GME funcionan como grupos de choque, que “tienen como base el uso de la fuerza y una estructura de seguridad que compromete a las fuerzas policiales”.21 El hecho de que en los GME se encuentren civiles trabajando junto con miembros de la policía, viola el derecho de estos civiles a permanecer al margen del conflicto, situándolos en la práctica del lado de uno de los actores armados, en este caso la fuerza pública. En muchas regiones, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado la participación de desmovilizados de las AUC en los GME.
Programa Familias Guardabosques
El Programa Familias Guardabosques propone una simbiosis de desarrollo alternativo y de erradicación manual. De acuerdo a la descripción oficial de este programa, las regiones prioritarias para el programa son las que cuentan con la presencia de cultivos ilícitos y las que tienen territorios con vocación agroforestal, Proyectos Productivos y Familias Guardabosques en el Urabá Fuente: Acción Social, junio 2008 agroindustrial y comercial. La parte del programa que busca la erradicación manual ‘voluntaria’ responsabiliza a las familias beneficiarias de que sus fincas y las de sus vecinos queden libres de cultivos ilícitos. Esta dinámica de control social mutuo ha llevado a tensiones y desconfianza dentro de las comunidades beneficiarias del programa. Familias Guardabosques en el Urabá (hectáreas)16617491521.09511621842121520961724151105001000150020002500NecoclíSan JuanArboletesSan PedroTurboAcandíBelén de BajiráCarmen del DariénRiosucioUnguía
“El gobierno ha estado realizando acercamientos con algunos consejos comunitarios locales, con el fin de implementar el programa de desarrollo alternativo “Familias Guardabosques”, desconociendo la cosmovisión, rompiendo la unidad organizativa y la integridad territorial de los pueblos afrodescendientes y, con esto, poniendo en alto grado de vulnerabilidad a las personas que integran las comunidades negras de la zona del Bajo Atrato”.22
En el Urabá antioqueño, más de 3.000 familias de los municipios de Necoclí y Turbo estrenaron a finales de 2003 el Programa Familias Guardabosques a nivel regional en la misma zona de Tulapa donde el paramilitar Mancuso usurpó más de 17.000 hectáreas, a través del proyecto “Tulapa Horizonte”. Dicho proyecto recibe fondos del PCI, Incuagro23 y la Fundación Kellogg24 y cuenta con el apoyo técnico de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (ASOCOMUN). Sin embargo, el programa no sólo abarca a familias guardabosques sino que busca incluir a alrededor de 10.000 personas de 72 comunidades en proyectos de cadenas productivas, por medio de “manuales de convivencia […] que son utilizados permanentemente como mecanismos de control social y gestión comunitaria”, y un programa de reforestación en la serranía de Yoki de 1.600 hectáreas.25
La empresa privada se ha vinculado al Modelo Asociativo Comunitario de Perfil Privado Estado de la siguiente manera: una nueva generación de empresarios en Colombia, solidarios con los campesinos necesitados ha comenzado a compartir el capital financiero representado en tierras y en dinero, en cuanto a las tierras cediendo parte de ellas con el fin de que los campesinos construyan sus viviendas dignas y puedan desarrollar proyectos productivos tanto de seguridad alimentaría (pancoger) como agropecuarios, a fin de establecer cadenas productivas. 26
A partir de las experiencias de Necoclí y Turbo, familias de otros municipios en el Urabá también se acogieron al programa entre 2003 y 2008. Estos municipios son: Belén de Bajirá, Riosucio, Unguía, Carmen del Darién y Acandí en el departamento del Chocó, y Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá en el departamento de Antioquia. El total de familias guardabosques es de cerca de 5.000 familias en el Urabá chocoano y alrededor de 8.500 familias en el Urabá antioqueño, lo que representa un poco más del 15 por ciento de las Familias Guardabosques en todo el país.27 Esto convierte el Urabá a nivel nacional en la zona donde el programa tiene más cobertura. En algunos municipios como Unguía y Acandí más del 10 por ciento de la población está vinculada al programa. Todos los municipios donde se gestiona el Programa Familias Guardabosques en el Urabá han estado en los últimos diez años bajo el control total del Bloque Elmer Cárdenas (BEC).
Los megaproyectos agroindustriales que se desarrollan en el marco de la apertura económica y en el PASO del BEC, como las plantaciones de teca, cacao y palma, han encontrado en el Programa Familias Guardabosques un medio fácil de financiación. Hasta el 30 de junio de 2007 se habían entregado alrededor de 140 millones de euros al Programa Familias Guardabosques, de los cuales 20 millones fueron a la región del Urabá.28 Los fondos son canalizados a través de Acción Social y provienen, entre otros, de la agencia estadounidense para la ayuda internacional USAID, de las embajadas de Italia y de Japón, y de la comunidad autónoma de Madrid.29 Con este dinero las familias han constituido cientos de organizaciones, cooperativas y asociaciones para la gestión de proyectos agroindustriales, y han comprado en el Urabá alrededor de 10.000 hectáreas de tierra.30 A las tierras adquiridas dentro del programa se tienen que sumar las tierras que han sido legalizadas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER a las familias beneficiarias y las tierras de las que ya tenían títulos. En total, la tierra que abarcan las familias en el Urabá chocoano llega a más de 684 mil hectáreas31 y en el Urabá antioqueño a alrededor de 145 mil hectáreas.32
Los datos exactos sobre la cantidad de tierras compradas y legalizadas en el Programa Familias Guardabosques, tierras que pertenecían a campesinos o a comunidades y que fueron usurpadas por los paramilitares de las AUC, son difíciles de establecer debido al uso de testaferros, o a que las tierras se obtuvieron en venta legal hecha bajo presión, tal como ha sido el caso en la zona de Tulapa.
“Nos llamó una persona que se identificó como GUIDO VARGAS y manifestó que él hablaba a nombre de las AUC que teníamos que venderles las tierras a las AUC por que eran de ellos y que ellos se las habían quitado a la guerrilla que las hectáreas la estaban pagando a $40.000 que no respondían por la vida de las personas que no vendieran las tierras, que no podían entrar más a las fincas porque detrás de ellos venían los mochacabezas, nosotros por eso tuvimos que vender.”33
Según un funcionario de Corpourabá, institución que hace el acompañamiento técnico a las Familias Guardabosques, la titulación en la zona es muy débil. En cuanto a la tierra que se usa dentro del Programa de Familias Guardabosques no preguntamos de quién fue, ni de quién es, ni de quién va ser…solo hacemos el acompañamiento técnico.34 Con estas palabras la organización Corpourabá se ha vuelto cómplice de la legalización de tierras robadas en la zona.
Según denuncias presentadas por comunidades y organizaciones de derechos humanos, muchas de las organizaciones, asociaciones y cooperativas que han sido creadas o vinculadas al Programa Familias Guardabosques en el Urabá tienen vínculos directos con el paramilitarismo. Entre éstas, Cordesvida, Corporación Tierra Prometida, ASOCOMUN, y la persona de Teresa Castaño, vinculada tanto a la expropiación de tierras en Tulapa, como a la Asociación de Pequeños Productores de Belén de Bajirá de la que es representante legal. La gran mayoría de estas cooperativas y asociaciones, después de ingresar al Programa Familias Guardabosques, se han asociado también al Programa de Proyectos Productivos.
Programa de Proyectos Productivos
Según Acción Social, los criterios para elegir las zonas en donde se desarrollarán Proyectos Productivos en el marco de la lucha antidroga son, entre otros:
- Las zonas incluidas en la frontera agrícola del país definida por el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- La necesidad de fortalecer procesos adelantados con otras inversiones.
- Que el proceso de producción tenga como punto de partida las necesidades del mercado.
Estos criterios no tienen en cuenta en primer lugar a la población beneficiaria, sino que parten de los intereses de empresarios y de empresas que buscan fortalecer sus agroindustrias. La implementación de estos programas, que en teoría tienen unos objetivos precisos inscritos dentro del Desarrollo Alternativo y la erradicación de cultivos ilícitos, termina de esa manera beneficiando a intereses económicos estrechamente vinculados con el paramilitarismo.
A mediados de 2007 el programa cubría a nivel nacional más de 87 mil hectáreas, involucrando a casi 50.000 familias. De las 13.976 hectáreas de proyectos productivos sobre las cuales Acción Social hizo un censo, un 45 por ciento está constituido por cultivos de palma aceitera. Las demás tierras se han destinado a cultivos de caucho, cacao, café y especies forestales. En cuanto a la generación de empleo, aunque la palma aceitera es el cultivo que más territorio ocupa no obstante ni siquiera alcanza a representar el 6% del trabajo que ha sido generado a través del programa. Una prueba fehaciente de que estos proyectos productivos, al menos en el Urabá, le están dando prioridad al mercado antes que a la generación de empleo.
En el Urabá, en los mismos municipios en donde está presente el Programa Familias Guardabosques, han surgido más de cien Proyectos Productivos dentro de una concepción de desarrollo que se adapta a las perspectivas del TLC y del PASO, y han buscado entre otros el fortalecimiento y el impulso a la producción de miles de hectáreas de teca, cacao, caucho, ganadería extensiva, palma aceitera, banano y ecoturismo.
La región de Tulapa se destaca como la zona en donde se están desarrollando más proyectos productivos. Dos reforestadoras, El Indio y La Gironda, cuentan con el apoyo financiero directo del programa de familias guardabosques a través de Gironda Guardabosques. También reciben, entre otros, el apoyo financiero de Multifruits S.A., USAID, y de la cooperativa Construpaz35. Esta última fue fundada por el jefe paramilitar El Alemán –actualmente en prisión- y agrupa a los excombatientes del BEC. Las reforestadoras buscan la implementación de 6.000 hectáreas de teca en la zona.
Los Proyectos Productivos administrados por Construpaz constituyen un ejemplo emblemático de cómo la cooperación internacional, en este caso de Naciones Unidas, legaliza y financia a través de Proyectos Productivos a reinsertados del BEC en proyectos agroindustriales concebido supuestamente para reparar a víctimas de la violencia. La cooperativa trabaja, entre otros, en dos proyectos productivos de cultivos de caucho en Necoclí y Unguía, en donde el operador es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y cuentan con recursos de USAID. En ambos proyectos productivos hay 100 familias (90 de ellas provenientes de desmovilizados y 10 de desplazados) trabajando 400 hectáreas cada proyecto. Los desmovilizados están poniendo y gestionando los recursos y la tierra, los desplazados están participando en el programa con su mano de obra. Estos proyectos han sido presentados por Construpaz como una forma de reparación a las víctimas de las AUC. En la práctica, los proyectos han significado la mezcla de los programas de Proyectos Productivos del PCI con los programas de atención a población desplazada y los programas para reinsertados de las AUC.
Resaltamos igualmente la existencia de dos proyectos de caucho en el municipio de Necoclí, zona de Tulapa, donde los fondos y las familias beneficiarias del Programa Familias Guardabosques están vinculados de forma directa a Proyectos Productivos para reinsertados de las AUC y población desplazada. Caucho San Pedro S.A. tiene fondos que provienen en un 50 por ciento de Construpaz y el otro 50 por ciento de dos cooperativas que nacen del Programa Familias Guardabosque y aporta cada una un 25 por ciento. Además de mezclar fondos y beneficiarios de diferentes programas, el Proyecto Productivo ha buscado la legalización de tierras robadas. El objetivo de la asociación es sembrar 500 hectáreas de caucho en tierra que fue concedida en usufructo por parte del Fondo Ganadero de Córdoba (300 ha) y Construpaz (200 ha). Este mismo Fondo Ganadero estaba vinculado al robo de las más de 17.000 hectáreas en la zona de Tulapa. “El señor Guido (Vargas) me dijo que tenía que vender las tierras al fondo ganadero de Montería [fondo ganadero de Córdoba, nota de autor] y como para allá no se podía entrar porque me mataban las AUC, las tierras se las cogían que lo mejor era venderla por lo que fuera”.36 El antiguo presidente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio37, ha sido detenido en 2008 por vínculos con el paramilitarismo.
Impactos negativos del PCI en el Urabá
Respecto al ambiente
En un discurso pronunciado el 3 de octubre de 2007, en el que se refirió al Programa Familias Guardabosques, el presidente Uribe dijo que, “Este es un programa que, yo creo, debería tener todo el apoyo del mundo y el mundo mirarlo y extenderlo. Yo creo que es una estrategia básica contra el calentamiento global.”38
Uno de los obstáculos para la explotación indiscriminada en el Urabá es la existencia de bosques húmedos en el Darién protegidos por la UNESCO, entidad que los considera como patrimonio de la humanidad por su alta riqueza en flora y fauna. Sin embargo, existen varios proyectos productivos dentro de la estrategia antidroga del gobierno que involucran megaproyectos agro-industriales en territorios protegidos. Un caso emblemático es el de Multifruits S.A., empresa que el Tribunal Permanente de los Pueblos39 juzgó responsable de “delitos en contra de los recursos naturales y el medio ambiente: daño en recursos naturales (Art. 331 del C.P.); invasión de áreas de especial importancia ecológica (337 del C.P.); ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables (328C.P.).40 Es contradictorio que el mismo Programa Familias Guardabosques que dice recuperar y proteger la selva se use para convertir selvas húmedas y fincas de pequeños campesinos en los que han sido considerados como desiertos verdes de miles de hectáreas de monocultivo.
En relación con el ambiente y los recursos naturales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt indica que ”(...) es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona”.41
Aparte del impacto ambiental de los mismos proyectos agroindustriales, el desarrollo de la infraestructura extractiva que lo acompaña también contribuye a la destrucción del ambiente. Es lo que está sucediendo con los megaproyectos que hemos mencionado antes, como el Puerto Internacional de Turbo, la carretera Panamericana, el canal Atrato-Truandó y la interconexión energética.
Respecto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas y afrocolombianas
En el Urabá vive más de un centenar de pueblos indígenas y afrocolombianos, que son los dueños ancestrales de cientos de miles de hectáreas de tierra. Estos territorios cuentan con titulación colectiva y por ende son inembargables, imprescriptibles e inalienables, y están protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y por la Ley 70 de 199342. En 2005 las comunidades afectadas de Jiguamiandó y Curvaradó presentaron ante la OIT el impacto de la palma, y en 2006 la Comisión de Expertos de la OIT se pronunció al respecto.
Desde el año 2001 la perpetración de violaciones de derechos humanos contra estas comunidades ha estado relacionada al avance de cultivos extensivos de palma aceitera o palma africana y de proyectos de ganadería, los cuales se han desarrollado pese a la existencia de títulos colectivos sobre estos territorios.43
La Ley 70 de 1993 y el Convenio 169 de la OIT consagran la consulta previa, siempre que haya una inversión pública o privada que puede causar un impacto en la comunidad. Todos los programas de combate a los narcóticos tendrían que ser consultados con las comunidades antes ser de implementados en el territorio colectivo. Sin embargo, existen varios proyectos productivos que operan en contra de la voluntad de las comunidades ancestrales, como son los casos de los proyectos que involucran a la empresa Multifruits S.A. en la cuenca de Cacarica44 y los cultivos de palma aceitera en la cuenca de Curvaradó, que se encuentran en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién.
Respecto a las recomendaciones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría y la Corte Constitucional
La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han otorgado respectivamente medidas provisionales y cautelares a las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica. A la vez, la Defensoría sacó en 2005 la Resolución Defensorial 39, reforzando el pronunciamiento de la Procuraduría Nacional que prohíbe cualquier expansión de cultivos de palma aceitera en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó. En los territorios colectivos de dichas comunidades, sin embargo, se han desarrollado varios proyectos agroindustriales, entre otros con cultivos de palma, que parecen tener vínculos directos con programas que se desarrollan en el marco de la lucha antinarcóticos.
La Corte Constitucional expidió la sentencia T-025 de 2004 para responder a la crisis de desplazamiento forzado que padece el país.
Esta sentencia, que es un fuerte pronunciamiento sobre las responsabilidades del Estado frente a las personas afectadas por la violencia y la crisis social, establece que las tierras de los desplazados tendrían que estar protegidas.
En cuanto a la solicitud de protección de las tierras, propiedades y posesiones dejadas abandonadas por los desplazados, la Corte ordenará a la Red de Solidaridad Social, como coordinador de la política de atención a la población desplazada y administrador del Sistema Único de Registro de la Población Desplazada, que incluya como parte de la información solicitada al desplazado, la relativa a predios rurales que posea o de los que sea propietario, precisando la titularidad de los derechos constituidos y las características básicas del inmueble, a fin de que con base en dicha información se proceda a dar aplicación al procedimiento y a los mecanismos de protección de tales bienes previstos en el Decreto 2007 de 200145
Sin embargo, en los programas de proyectos productivos y de Familias Guardabosques se desarrollan proyectos agroindustriales promovidos por los victimarios en tierras que pertenecen a población desplazada. De esa manera, se está negando el derecho de la población a volver a sus tierras y se está dejando en la total impunidad a los victimarios que provocaron el desplazamiento.
Desvío de fondos
Los proyectos productivos que se presentan dentro del marco de la estrategia antidroga para la población desplazada y para la reintegración de los paramilitares se mezclan en cuanto a la gestión de sus recursos. Los dineros destinados para programas antinarcóticos o para la población desplazada se están canalizando finalmente para el beneficio de proyectos productivos de reintegrados de las AUC. Esta confusión de fondos y programas hace difícil la tarea de controlar el destino de los recursos de la cooperación internacional.
Familias que participan del programa Familias Guardabosque, han denunciado que han sido engañados, y se les ha sustraído forzosamente de sus pagos de 600 mil pesos, el 40% con destino a la organización CORDESVIDA, en la que participan afrocolombianos, mestizos y desmovilizados, sin que exista claridad alguna del destino y uso de esos recursos.46
A la vez hay varias denuncias de familias que participan en las cuentas de ahorro colectivo dentro del Programa Familias Guardabosques, que no saben bien en qué se están invirtiendo sus recursos. En diciembre de 2006 la revista Semana advirtió sobre la posibilidad de que en los proyectos productivos se estuviesen colando los capitales ilegítimos y las redes clientelistas de los jefes paramilitares. A esto se le suma el riesgo de que estos proyectos, en lugar de representar una oportunidad de desarrollo para las regiones, y de redistribución de la riqueza, terminen por contribuir a una mayor concentración de la tierra en manos de los ex jefes paramilitares.47
Respecto al Derecho Internacional Humanitario (DIH)
La forma en que se ha diseñado el Programa Familias Guardabosques lleva a un control social interno total dentro de las comunidades, ya que los miembros de una misma comunidad se comprometen a controlarse mutuamente e incluso a los que no forman parte del programa en lo referente a cultivos ilícitos. El trabajo como informante dentro del Programa Familias Guardabosques puede ir más allá de lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos, como lo ilustra bien esta frase del Presidente Uribe: General Montoya, hágame un favor: convierta a cada una de estas 753 familias (guardabosques) en cooperantes de la Fuerza Pública. ¿Hay algún problema para eso? Para que a ustedes no los maltraten ni guerrilla, ni paramilitares, intégrense a cooperarle a la Fuerza Pública, y que los soldados y policías los traten a ustedes con cariño, con delicadeza, con afecto patriótico.48
En el Urabá, las familias que forman parte de Familias Guardabosque, para tener acceso a los beneficios del programa han tenido que integrarse en redes de informantes. Esto es un requisito del programa gubernamental. Las familias que participaron en Familias Guardabosques en el municipio de San Pedro de Urabá, por ejemplo, debieron pedir en 2006 la protección de la fuerza pública por supuestas amenazas de las FARC. La Policía ofreció entonces la instalación de una red de radios de base en las comunidades afectadas.49 La vinculación de la población civil al conflicto armado como informantes de la fuerza pública, constituye una abierta infracción al principio de distinción consagrado en el tercer artículo de los Protocolos de Ginebra. Del mismo modo, los Grupos Móviles de Erradicación manual constituyen también una abierta infracción al DIH ya que sus grupos de choque mezclan a la población civil con miembros de la Policía y desmovilizados de las AUC.
Conclusiones
Los programas contra cultivos ilícitos implementados por el gobierno colombiano en el Urabá han servido para beneficiar a los miembros de las AUC, que han logrado, a través de éstos, legalizar miles de hectáreas de tierra robadas a pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos. El Programa Familias Guardabosques en el Urabá se está desarrollando en tierras que fueron conseguidas a sangre y fuego. Tras muchos de los Proyectos Productivos se encuentran los intereses del paramilitarismo, que han aprovechado las circunstancias para presentarlos como una forma de reparación a las víctimas. Los campesinos y miembros de comunidades despojadas se han visto obligados a trabajar como peones en tierras que antes les habían pertenecido. En este contexto, las posibilidades de verdad, justicia y reparación prometidas a las víctimas de la violencia paramilitar difícilmente se materializarán en el caso del Urabá.
La apertura económica colombiana y la perspectiva de los tratados de libre comercio han ido acompañadas de una contrarreforma agraria impulsada por el gobierno y grupos empresarios, y en muchas regiones de Colombia, como el Urabá, han contado con la colaboración de los grupos paramilitares y la acción de la fuerza pública. En el marco de la lucha antinarcóticos, la comunidad internacional está financiando proyectos agroindustriales tras los cuales se ocultan intereses económicos propios. Un claro ejemplo es el caso de la palma aceitera en el boom de los agrocombustibles. Más de la mitad de los proyectos productivos en el marco del PCI está constituido por este cultivo.
Los programas de Proyectos Productivos y Familias Guardabosques en una región como el Urabá no tienen ningún efecto sobre la producción de estupefacientes a nivel nacional. En el caso del Urabá se hace evidente que el objetivo no es la erradicación de los cultivos de uso ilícito sino el fortalecimiento de las propuestas agroindustriales para esa región. Al mismo tiempo y de manera paradójica grupos vinculados al narcotráfico han impulsado nuevos cultivos ilícitos en zonas que no participan de programas para poder tener acceso a los recursos de los programas de PCI.
NOTAS
* Este documento ha sido modificado el 24 de septiembre de 2008.
1 Numerosos informes de organizaciones de derechos humanos han señalado el rol de la Brigada XVII del Ejército en operaciones con las AUC. La Operación Génesis en el Bajo Atrato en febrero de 1997, que fue una operación conjunta entre la Brigada XVII bajo el mando del general Rito Alejo del Río y las AUC, es uno de los casos emblemáticos de esa abierta colaboración.
2 Entre estas, Multifruits, Chiquita Brands, Maderas del Darién y Urapalma. Véase el artículo en la revista Semana, 17 de marzo de 2007. “Banana para-republic”, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=101602
3 Fiscalía 119, radicado 2304 del 22 de julio de 2008.
4 Procuraduría General de la Nación, (2006), Proyecto Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en materia de Reinserción y Desmovilización.
5 Boletín de Prensa de CODHES, 5 de febrero de 2008. Las diferencias entre las cifras oficiales son significativas ya que según el gobierno colombiano hay apenas alrededor de 2.300.000 desplazados.
6 Testimonio en el proceso Nº 3453 radicado en la fiscalía 119 de Turbo.
7 Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 4 de marzo de 2006. Parti-sí-pa 112.
8 INDEPAZ, 21 de Agosto de 2007. Nuevo Mapa Paramilitar. http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemid=58
9 FIDH, 1 de Mayo de 2004. Informe 393/3 “La ‘Seguridad Democrática’ desconoce los derechos humanos y socava las bases del Estado de Derecho”.
10 Noche y Niebla, diciembre 2004. “Deuda con la Humanidad: paramilitarismo de Estado en Colombia”, 1988-2003.
11 Urabá Hoy 34, 15 de Abril de 2006. “¿Hacia donde van los hombres del Alemán?”
12 Revista Cambio, 22 de agosto de 2008. “El Expediente Valencia”.
13 La Corte Constitucional declaró inconstitucional varios párrafos de la Ley 975 y obligó a través de la sentencia C370 /06 entre otros a la parcial restitución de bienes.
14 Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2006. “Balance del proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia”.
15 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, diciembre de 2003. Panorama Actual del Chocó.
16 Organización delincuencial dedicada al narcotráfico que operaba desde la población de Envigado, al sur de Medellín. El jefe de la ‘Oficina de Envigado’ era el conocido paramilitar y narcotraficante don Berna, hoy extraditado en EEUU.
17 ONUDD, junio 2007. “Cultivos de Coca, Estadísticas Municipales Censo 2006”.
18 Respuesta a Derecho de Petición de la Policía Dirección Antinarcóticos, del 18 de abril de 2008. No 130.
19 Este dato de la Policía para 2007 no fue registrado por el Simci.
20 CONPES 3218, 3 de Marzo 2003.
21 Ricardo Vargas, 27 de abril de 2008. “La Política de la Seguridad Democrática, cultivos ilícitos y los derechos básicos de las comunidades productoras en Colombia”. Accesible en: http://colombiadrogas.wordpress.com/2008/04/27/la-politica-de-seguridad-democratica-cultivos-ilicitos-y-los-derechos-basicos-de-las-comunidades-productoras-en-colombia/
22 ASCOBA, 25 de julio de 2006. “Comunicado a la opinión pública frente al programa de desarrollo alternativo familias guardabosques y al proceso de desmovilización que ha propuesto el Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU”.
23 La Incubadora de Producción y Comercialización Agropecuaria (Incuagro) es una entidad de carácter semiprivado estrechamente ligada al Plan Colombia.
24 La Fundación Kellogg fue creada en 1930 por la empresa de cereales W.K. Kellogg. La fundación actúa en América Latina desde la década del 40. En las últimas seis décadas ha apoyado cerca de dos mil proyectos, en su mayoría de países de América Latina y del Caribe. http://www.wkkf.org/
25 Experiencias en Innovación Social Ciclo 2004-2005, Proyecto Finalista Tulapa Horizonte de Esperanza – Colombia.
26 Experiencias en Innovación Social Ciclo 2004-2005, Proyecto Finalista Tulapa Horizonte de Esperanza – Colombia.
27 Acción Social, 30 de junio de 2007, http://www.accionsocial.gov.co
28 Acción Social, junio 2007.
29 Embajada de Japón en Colombia, 2008,
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/boletines%202008/080325.htm
Presidencia de la República, 2007. http://www.presidencia.gov.co
30 A nivel nacional, hace un año se habían comprado más de 80.000 hectáreas por parte de familias dentro del programa.
31 Partiendo del hecho de que la organización Cordesvida acompaña el programa Familias Guardabosques en el Bajo Atrato y que agrupa a 62 consejos comunitarios que representan 684 mil hectáreas. Urabá Hoy 44, Septiembre de 2006.
32 Corporurabá, agosto 2007, Familias Guardabosques se extiende a dos municipios más de la región de Urabá.
33 Testimonio en el proceso Nº 3453 radicado en la fiscalía 119 de Turbo.
34 28 de marzo de 2008, entrevista con Harold Enrique Triana Gutiérrez de Corpourabá en Apartadó, Antioquia.
35 Otros financiadores son Inversiones Ganaderas La Vega, Urateka e Incuagro. Ref. Acción Social y Construpaz, 2006. ‘Proyectos Productivos de Construpaz’. Y, ‘Reforestadora El Indio y La Gironda’, 2007. Presentación Proyectos Forestales Norte de Urabá.
36 Testimonio en el proceso Nº 3453 radicado en la fiscalía 119 de Turbo.
37 Sobre Benito Osorio y sus vínculos con las AUC, véase el artículo en la revista Cambio. “Amenaza a gobernadora electa de Córdoba y sombras sobre el nombrado provisionalmente”, http://www.cambio.com.co/paiscambio/759/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3922782.html
38 Presidencia de la Republica, 3 de octubre de 2007. “Familias Guardabosques es una estrategia contra el calentamiento global”.
39 Para información sobre qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos, véase el siguiente enlace: http://www.geopolitica.ws/media_files/download/070206ConvocatoriaAudienciaBiodiversidad.pdf
40 Acusación contra C.I. Multifruits S.A. en el Tribunal Permanente de los Pueblos, febrero de 2007.
41 Instituto Alexander von Humboldt, agosto 2000. Biosíntesis Boletín No. 21.
42 La Ley 70 de 1973 se puede consultar en: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0070_93.HTM
43 CEACR, 2006. “Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales”, Document No. (ilolex): 062006COL169.
44 Véase esta denuncia: www.sinaltrainal.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=178-
45 T-025 de la Corte Constitucional de 2004. El Decreto 2007 de 2001 fue ratificado en la T. 821 de 2007.
46 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 28 de junio de 2006, “Amenazas a zona humanitaria y zona de reserva”.
47 Revista Semana, 8 de diciembre de 2006. “…y de la reinserción qué?”
48 Discurso del Presidente Uribe en febrero de 2004: http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/febrero/24/17242004.htm
49 18 de Septiembre de 2006, Actas de una reunión de Corpourabá en San Pedro de Urabá en el marco del Programa Familias Guardabosques.
TRANSNATIONAL INSTITUTE De Wittenstraat 25 1052 AK Amsterdam – Netherlands Tel.: + 31 20 662 66 08 Fax: + 31 20 675 71 76 E-mail: drugs@tni.org Transnational Institute | 17
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